La decisión del Gobierno no solo amenaza la supervivencia de las culturas y tradiciones de los pueblos originarios, sino que también puede generar un aumento en los conflictos territoriales y la violencia.

El Gobierno de Argentina dio luz verde este martes a los operativos de desalojo de las comunidades indígenas a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial que elimina la protección legal de los pueblos originarios. Esta nueva medida de la motosierra se dicta en el contexto de reclamos de familias indígenas por sus derechos ancestrales sobre las tierras que han habitado durante generaciones y han sido vendidas de forma ilegal.

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El decreto 1083 establece que se ha concluido la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras: «declárase finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país (…), y la suspensión dispuesta en el artículo 2°», dice el documento.

El presidente argentino, Javier Milei, justificó la decisión bajo el argumento de que la extensión de la emergencia ha obstaculizado en los últimos 18 años «el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas», y «el derecho a la disposición de dichos bienes».

Según el Gobierno, la Ley de Emergencia Territorial Indígena ocasionó una serie de problemas legales, como la imposibilidad de desalojar a las personas, lo que resultaba en una situación de “inseguridad jurídica».  

Asimismo, argumentó que la ley afectaba gravemente el derecho de los propietarios sobre sus tierras y comprometía la capacidad de las provincias para gestionar sus recursos naturales.

El decreto también menciona que la prolongación de la emergencia ha tenido efectos negativos “tanto al derecho de propiedad como al dominio de los recursos naturales de las provincias y a la certidumbre del derecho, se estima necesario disponer su finalización de forma inmediata».

La resolución del Gobierno de Milei de autorizar los desalojos de las comunidades indígenas podría tener graves consecuencias, tanto sociales como ambientales.

Además, la pérdida de esas tierras puede llevar a la destrucción de ecosistemas vitales, ya que muchas comunidades indígenas son guardianes de la biodiversidad y manejan prácticas sostenibles que protegen el medio ambiente.

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